División en Latinoamérica

por ERNESTO F. BETANCOURT


Apesar de los titulares alarmistas, el movimiento de América Latina a la izquierda ha entrado en una fase de conflicto interno. Que esto iba a ocurrir era evidente porque, de una parte, hay líderes pragmáticos que se dan cuenta del fracaso del comunismo y, de la otra, hay quienes han interpretado este viraje como un renacimiento de las viejas fórmulas centralistas. Cierto, el llamado Consenso de Washington no logró ofrecer una alternativa que reconciliara el crecimiento y la estabilidad económica con la creación de empleo y una mejor distribución de la riqueza en la región. Este fallo ha debilitado las bases para la consolidación de la democracia en el hemisferio.

Ya ni la CEPAL basa el desarrollo en la empresa estatal. Pero los Néstor Kirchner, los Hugo Chávez y los Evo Morales todavía no han escarmentado. Fidel actúa discreto. Sabe que mejor no hace olas porque si habla mucho le van a sacar en cara el olímpico fracaso económico cubano.

La llamada revolución bolivariana, que promueve Hugo Chávez, carece de una sólida base ideológica. A Evo no se le ocurre nada mejor que el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que no se sustenta en criterio económico alguno. Evo cree que puede tirar por la borda la cooperación con EEUU en lo de la coca y seguir recibiendo los beneficios de acceso libre de tarifas al mercado americano para productos bolivianos, que era la compensación. A Evo ya lo han retado los gremios empresariales, los dueños de tierras y la sociedad de médicos. Y el papel de títere de Chávez no es fácil de vender.

Es evidente que los pueblos están insatisfechos, pero no parece que hayan comprado el regreso al centralismo estatal. Fíjense que en Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay las dudas en cuanto a volver a las fórmulas del pasado se reflejan o en la conducta de los gobernantes, aunque sean de izquierda, o en las decisiones del electorado. En México y Nicaragua se percibe que también hay dudas en el electorado. En Ecuador, Palacio dio un paso a la izquierda, confiscando la Occidental Petroleum, pero después se negó a sumarse a Chávez. Y la derrota de Ollanta Humala en Perú es un claro aviso.

La elección en Perú merece un trato aparte, ya que ambos candidatos en la segunda vuelta eran de izquierda. Sin embargo, ante la injerencia burda y arrogante de Chávez a favor de Ollanta, el pueblo peruano optó por votar por Alan García, a pesar de arrastrar el lastre de una gestión anterior en la presidencia que fue realmente desastrosa.

El mayor conflicto real de intereses se manifiesta en la cuestión del gas natural. Para Evo, el aumentar el precio a Brasil es esencial para tener la base financiera holgada que necesita. Bolivia ya anunció que espera obtener $7.50 por unidad de gas exportado a Brasil. Eso es mucho más que los $3.53 actuales o los $3.93 a que le da derecho el convenio firmado con Petrobrás y los $5.50 que mencionaron antes. Por muy ''cariñoso'' que quiera ser Lula, esto impondría una carga excesiva sobre el consumidor brasileño, en un año de reelección. Dados los miles de millones de dólares envueltos y las pérdidas sufridas por la nacionalización boliviana, es difícil que Petrobrás absorba el impacto.

En el caso de Argentina, Kirchner le pasó la pelota a Chile. Explicaron que el gas que ellos importan de Bolivia es para cubrir las exportaciones a su vecino austral. Esto viola la ley boliviana, la cual condiciona la exportación de gas a Chile a obtener la salida al mar. La solución con el ''gasoducto del sur'' de Chávez no es factible a corto plazo. Además, encara el conflicto creado por Bolivia al insistir en que no participará en el gasoducto del sur si Petrobrás no se deshace de los inversionistas privados que tiene.

En Chile, Michelle Bachelet enfrenta el inesperado conflicto con los estudiantes de secundaria que promueve la extrema izquierda chilena. Además, confronta una opinión pública en la que un 72 por ciento se opone a devolver tierras a Bolivia para darle acceso al mar. Otra concesión que promueve la extrema izquierda chilena. En Arica, puerto central del conflicto territorial con Bolivia, un 95 por ciento de sus habitantes expresaron estar opuestos a una devolución de tierra a Bolivia. Esto hace muy difícil políticamente a la Bachelet resolver lo de la salida al mar para Bolivia.

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