EL CRIMEN DE ODIAR A LA RAZON

Por Hugo J. Byrne

Para la seudofilosofía de la élite llamada "liberal", que lleva la voz cantante en los claustros universitarios, los tribunales de justicia y la prensa de este país, el grado de criminalidad en cualquier delito reside en la intención subjetiva del delincuente. De tal suerte, el asesinato premeditado para eliminar a un testigo durante un robo a mano armada, es codificado como menos delictivo que el mismo crimen, cuando este es motivado por racismo u odio religioso.

La intención criminal siempre ha sido y es elemento de juicio al determinar la sanción que lo castiga, o la clasificación del delito cometido. Con frecuencia así puede diferenciarse un asesinato premeditado y cruel, de un simple homicidio. El motivo de la acción que se juzga, en ciertos casos determina si el mismo es resultado de accidente o legítima defensa, en cuyo caso no existe delito.

No es el propósito de este ensayo analizar las motivaciones del delito en términos generales, pues ese proceso es bien enunciado en los códigos penales de toda sociedad libre y civilizada. Denunciamos aquí, por irrazonable y peligrosa, la inclusión de los llamados "crímenes de odio" en nuestros códigos.

Estos absurdos estatutos no condenan la comisión de crimen alguno, sólo agregan penalidades a convictos, cuando sustentan ciertas nociones religiosas o raciales (extremas y ofensivas a la sociedad en general) y puede comprobarse que esas aberraciones provocaron o contribuyeron al acto criminal.

Cuando la ley puede castigar una cierta idea política o religiosa, no importa cuan fanática y repulsiva a nuestra sensibilidad, se está tomando el primer paso hacia la tiranía. Esta nueva corrupción a los ya maltrechos códigos penales, no es una posibilidad futura, sino una desagradable realidad "políticamente correcta".

Cuando estos abortos de "ingeniería social" se convierten en ley, ¿cuál es la diferencia entre ellos y los que se aplicaban en la antigua Unión Soviética, en la Alemania de Hitler o los que hoy se aplican en la Cuba de Castro?

En Cuba nadie es arrestado por apedrear un casa y golpear o emplumar a su residente, siempre y cuando esa actividad criminal sea parte de "un acto de repudio a un enemigo del pueblo o aliado del imperio". Tales actos son ordenados por el régimen y llevados a cabo por una clásica "comisión de estaca", que recibe cooperación y respaldo de la omnipresente policía política. Quienes encabezan esas actividades son incluso miembros encubiertos de los cuerpos represivos.

A la inversa, si alguien se atreviera a lanzar una inofensiva cáscara de naranja a un personero del régimen, todo el peso temible de la "justicia popular" caería inmisericordemente sobre el infeliz responsable de semejante fechoría. El presunto delincuente encararía meses y hasta años de prisión en las mazmorras que Castro reserva para quienes lo desafían.

El delito menos agravante es reprimido con severidad y el peor, aplaudido. La evidente incosistencia revela un código carente de objetividad, uno que está sólo diseñado para defender los intereses y la agenda política del sistema. ¿Qué criterio diferencia ambas ofensas? Obviamente la presunta intención del sospechoso.

Está bien claro que Estados Unidos tendría que rodar cuesta abajo un enorme trecho para llegar a semejante nivel de barbarie judicial, pero la lógica es la misma y el mecanismo irrazonable en que se basan los llamados "crímenes de odio" nos inclina en esa pendiente. En el pasado no muy lejano recordamos cómo el asalto armado de un humanoide llamado Budford Furrow a una escuela de Granada Hills, con resultado de varios alumnos heridos de bala (uno de ellos gravemente), fue difundido a toda la nación por los medios publicitarios.

Sin embargo, cuando otro limitado mental con designios homicidas llamado Steven Abrams irrumpió con su automóbil en una creche de Costa Mesa unos meses antes, aplastando deliberadamente a dos infelices niños inocentes y causando heridas graves a otros cinco, esa misma prensa apenas si cubrió la noticia en California. ¿Por qué la desproporción publicitaria entre ambos crímenes?

La respuesta es cínica, aunque bien simple: En Costa Mesa no se usaron las detestadas armas de fuego y el motivo del crimen no fue racial ni religioso.


FIN


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